Igualdad de oportunidades, el reto de la escuela pública catalana
- Natalia León i Anna Bars
- 8 may 2019
- 8 Min. de lectura
Xavier Roig Moreno es Cap de Servei de Suport a l’Organització de Centres Públics del Departament d’Ensenyament. La segregación escolar es un hecho constatable en la escuela pública catalana. El Síndic de Greuges impulsó el Pacte Contra la Segregació Escolar. Y, este marzo el Departament d’Ensenyament lo firmó. El entrevistado conoce la realidad de los centros públicos y la situación específica de ellos. Así como, los mecanismos y actuaciones que se deben realizar para disminuir la mencionada segregación escolar.
La Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009 ya contemplaba iniciativas para evitar la segregación, garantizar la igualdad de oportunidades, etc... Algunas de las iniciativas del nuevo Pacte contra la Segregació Escolar persiguen los mismos objetivos, por lo tanto, ¿en qué se diferencian las medidas o los procesos para cumplirlas con este nuevo pacto?
Lo que hace el Pacte contra la Segregació Escolar es desarrollar la Ley de Educación. Se trata de implementar todas aquellas políticas para disminuir la segregación escolar o erradicarla en aquellos centros educativos bajo la titularidad del Departament d’ Ensenyament. Bajo el punto de vista del Departament, esto se concreta desarrollando normativas, como, por ejemplo, el decreto de preinscripción. Este decreto trata de eliminar los obstáculos socioeconómicos y/o culturales que impiden que alumnos, que viven en una determinada área, tengan preferencias en el momento de obtener una plaza en uno de los centros educativos más cercanos a sus viviendas.
Se intenta que los centros no se conviertan en guetos o que en ellos solo haya población de una etnia concreta y acaben siendo escuelas con una vulnerabilidad y complejidad muy alta.
¿Con esta nueva manera de asignación de escuelas, refiriéndonos al decreto de preinscripción, ¿se espera que se elimine la segregación de los alumnos dentro de la escuela?
Estas medidas, como el decreto de prescripción mencionado anteriormente, van más dirigidas a la eliminación de la segregación de escuelas o centros educativos como tal. Se intenta que los centros no se conviertan en guetos o que en ellos solo haya población de una etnia concreta y acaben siendo escuelas con una vulnerabilidad y complejidad muy alta. Intentamos que el hecho de que en ciertos centros exista una gran tasa de alumnos de determinada raza, no se convierta en una marca negativa. Esta tasa simplemente es un reflejo de la población que vive en ese área y, por ello, se dota de más recursos a dichos centros para ofrecerles así las mismas oportunidades que a los alumnos de otros centros, sean recursos económicos, profesorado, transporte, etc.
¿Cómo se establece o se distingue a aquellos centros que tienen una complejidad alta?
El Departament d’Ensenyament establece que hay una serie de centros llamados de complejidad alta y lo hace a través de indicadores que lo determinan. Estos indicadores hacen referencia, por ejemplo, a la formación escolar de los padres, ya que hay estudios que muestran, entre otras cosas, que cuando los padres son universitarios están más preocupados por los proyectos educativos que ofrecen las escuelas. Sin embargo, aquellos que carecen de estudios o tienen estudios inferiores, el elemento más importante para ellos es la cercanía entre domicilio y centro escolar.
Otros indicadores podrían ser el trabajo de los padres, las situaciones de paro, el grupo social al que se pertenecen, el acceso al trabajo y la vivienda, la etnia, etc.
Conocemos estos datos a través de estudios que ha hecho el Síndic de Greuges y otras entidades especializadas. Por lo tanto, de lo que se trata es de ver que aquellos centros que determinamos de máxima complejidad a través de estos indicadores, reciban una dotación económica y de profesorado incrementada respecto a los centros que no son de complejidad alta.
¿Catalogar a los centros de complejidad alta como tal, puede provocar que los padres de alumnos nativos no quieran inscribir a sus hijos en dichos colegios?
La catalogación de centros de complejidad alta no está publicada en ningún sitio. Nosotros hacemos un análisis de la situación y la convivencia dentro de las escuelas y les adjudicamos este “nombre” ya que así podemos diferenciarlos y saber cuáles necesitan más ayudas.
¿Este desarrollo de medidas y programas van dirigidos únicamente a escuelas de complejidad alta?
El Departament d’Esenyament está trabajando a fondo en estas cuestiones, pero no desde ahora que se ha firmado el Pacte contra la Segregació Escolar, sino desde mucho antes. Llevamos dos años haciendo programas específicos para escuelas, no solo de complejidad alta, sino también a aquellas en las que el Departament considera que se debe hacer una intervención. Habitualmente, suele ser porque existe una población incrementada, que podríamos llamar, de cierto “riesgo social". Esta parte de la población es aquella que tiene más dificultades, sobre todo, a nivel económico.
A estas escuelas se les dota de contribuciones monetarias, no muy elevadas, pero dirigidas a llevar a cabo ciertos proyectos específicos para ayudar al alumnado en situación de vulnerabilidad, a conseguir una vinculación mucho mayor con el centro y que puedan acabar con éxito la etapa de la secundaria obligatoria. A pesar de ello, estos proyectos no se instauran solo en la Educación Secundaria Obligatoria, sino que estamos trabajando, también, en la Educación Primaria para facilitar el desarrollo del alumno a lo largo de todos los cursos y poder terminar sus estudios de manera gratificante.
Intentamos eliminar la falta de equidad en el sistema, ya que el Departament no se puede permitir el “lujo” de que exista esta deficiencia en las escuelas de su propia titularidad
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cataluña (FAPAC) y el sindicato mayoritario entre los profesores (Ustec) no han firmado el Pacte contra la Segregació Escolar, ya que creen que beneficia a las escuelas concertadas. ¿Puede afectar esto al desarrollo y cumplimiento de las medidas previstas?
No en especial. Lo que debemos entender es que su postura discrepante puede beneficiarnos y enriquecernos al favorecer iniciar un debate y un diálogo que nos pueda ayudar a conseguir una situación de consenso mucho mejor y efectiva. Sin embargo, esto no afectará a ninguna de las medidas que el Departament d’ Ensenyament ha puesto en marcha para evitar la segregación escolar, ni cambiará la forma en la que estaba previsto aplicarlas. Intentamos eliminar la falta de equidad en el sistema, ya que el Departament no se puede permitir el “lujo” de que exista esta deficiencia en las escuelas de su propia titularidad (Servicio de Educación de Cataluña). Por eso, se deben hacer acciones sostenidas en el tiempo que nos permitan reconducir esta situación de desajuste.
La mayoría de centros cobra a las familias alguna cuota anual, que, en teoría, debería ser voluntaria, para material, libros, excursiones o renovaciones de equipos informáticos, por ejemplo. Y las diferencias son enormes: según el estudio Equivalencia territorial en la planificación educativa: diagnóstico y propuestas, un trabajo que el Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) se muestra como en Sarrià-Les Tres Torres, las familias acaban pagando una media de 344 euros al año, mientras que en el Besòs o Ciutat Vella se pagan unos 125 euros anuales, ¿Qué postura tiene el Departament respecto a este hecho?
Es un tema muy complejo. Por un lado, está la cuota que establece un centro para material escolar. Esta cuota la aprueba el consejo escolar en el momento que se determina el presupuesto. En este consejo están representados los padres que pueden decidir cuál es la finalidad de esta cuota, y lo mismo ocurre con las salidas escolares. Por otra parte, están las cuotas de las AMPAs. El Departament no tiene nada que ver. En este sentido, respecto a las cuotas excesivamente incrementadas, el centro educativo tiene que hacer una reflexión, al margen de su autonomía y su criterio, debe pensar por qué cobra la cuota que cobra, y qué se hace con ese dinero. Lo mismo ocurre con las AMPAs. Por lo tanto, se tiene que distinguir la cuota del centro y la cuota del AMPA.
¿Cuáles son las consecuencias de la doble vertiente de la escuela pública?
El hecho de cobrar una determinada cuota no impide que un alumno se matricule en un determinado centro. La matriculación se realiza por preinscripción y asignación de plaza. Cuando se da la circunstancia de que un alumno no puede pagar las cuotas hay que ver qué hacer. Por un lado, si el alumno puede obtener una beca o bien, a veces los ayuntamientos pagan estas cuotas a familias vulnerables. En este aspecto se deben buscar los mecanismos para que no haya esta diferenciación. Incluso el centro, de acuerdo con la capacidad de decisión, puede actuar en mayor o menor medida para dar respuesta a estas familias
¿Podemos afirmar que existen escuelas públicas que segregan por las cuotas que se establecen en los colegios?
No podemos hablar de escuela segregada con tanta contundencia. Una cosa es que las AMPAs cobren cuotas y otra que realmente podamos hablar de escuelas segregadas. Antes de hablar de este aspecto se tiene que contextualizar, para bien o para mal, Cataluña es un país desequilibrado demográficamente, tenemos un entorno suburbano relativamente despoblado. Tenemos unas conurbaciones en que hay prácticamente el 50% de la población en unas áreas muy concretas, y el otro 50% en una ambiente rural. Cuando hablamos de escuelas segregadas estamos hablando de que hay determinados barrios en que la población es de una determinada manera y entonces la gente no quiere ir a aquel colegio. Pero lo cierto es que la asignación de plazas es por criterios de proximidad. Es evidente que lo que no se puede hacer es enviar a determinados alumnos de familias acomodadas a la otra punta de la ciudad. Si observáramos un municipio donde hubiera un único instituto, y en donde no hubiese oferta de escuela concertada, se podría determinar que hay también segregación. Lo que sí que tiene que hacer el Departament es proporcionar más recursos a aquellas escuelas que tengan alumnos en situación de vulnerabilidad. Hay que mantener un umbral básico para todo el mundo, y a partir de aquí, crear diferencias para que haya una distribución equitativa, que no es lo mismo que igualitaria. Por lo tanto, no se puede decir que hay una escuela pública que segrega. Lo que tiene que evitar el Departament son los fraudes de ley. Esto es aprovecharse de la ley para acceder a una escuela que no está dentro de las posibilidades del alumno por ubicación geográfica. De hecho en los municipios grandes hay comisiones de matriculación, por lo tanto la asignación de plazas es muy estricta y está muy controlada.
¿De cara a los alumnos, referente a la idea de cohesión grupal e igualdad, se desarrollarán proyectos educativos dirigidos al grupo en concreto?
El Departament d'Ensenyament en estos últimos dos años ha aportado una dotación extra a aquellos centros en los que se debía hacer una intervención. La cuantía no es muy grande, de entre 1.000 a 4.000 euros en función del tamaño y el nivel de complejidad de la escuela, para llevar a cabo proyectos educativos dirigidos específicamente a personas vulnerables. Este proyecto educativo implica la capacidad de hacer actividades extraescolares, apoyo de profesionales diferentes, ya sea logopedas, psicólogos, monitores, o bien para poder sufragar proyectos a los que el centro inicialmente no podría obtener, como por ejemplo, una aula de robótica o también habilitar una aula de teatro para propiciar la cohesión de este grupo vulnerable.
Se están empezando a poner en marcha distintas actuaciones con un mismo objetivo, reducir y, finalmente, eliminar la segregación escolar en Cataluña. Si bien es cierto que muchas de las medidas que se han puesto en marcha con la firma del Pacte Contra la Segregación Escolar ya estaban recogidas en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) de 2009, podemos afirmar que, según Xavier Roig, por parte del Depertament d’Ensenyament se están invirtiendo muchos recursos, tiempo y esfuerzo en aplicar dicha ley.
Las medidas y nuevos proyectos van dirigidas a aquellos centros de complejidad alta y a los que tienen alumnos que forman parte del sector de la población denominado en “riesgo social”. Aunque no todos estén de acuerdo, con el Pacto se pretende conseguir una equidad en la educación que beneficie a todos. Esto se traduce en una nueva reorganización y reasignación de alumnos y en la destinación de más recursos a los centros que lo necesiten.
Más enlaces de interés:
コメント